Andy López Beltrán exigió explicaciones a Trump y solicitó la destitución de los funcionarios responsables si el mandatario no estaba al tanto de la orden, denunciando que la medida busca castigar a quienes no se someten a lo que llamó "afanes autoritarios".
La tensión entre México y Estados Unidos escaló este 13 de agosto de 2026 tras confirmarse que el gobierno estadounidense revocó la visa de Andy Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y exdirigente de Morena. La noticia se hizo pública mediante una carta de tres páginas que López Beltrán dirigió directamente al presidente Donald Trump, en la cual atribuyó la decisión al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau, a quien señaló como el operador directo de la medida. En su misiva,el político mexicano calificó la acción como una "burda y perversa canallada" de carácter "politiquero y propagandístico", asegurando que no existe ninguna prueba, cargo formal o investigación en su contra ni en México ni en Estados Unidos que justifique tal sanción.
Aunque afirmó no tener interés en visitar EE. UU. en lo que describió como unos "tiempos decadentes" marcados por el odio y el racismo, Andy López Beltrán exigió explicaciones a Trump y solicitó la destitución de los funcionarios responsables si el mandatario no estaba al tanto de la orden, denunciando que la medida busca castigar a quienes no se someten a lo que llamó "afanes autoritarios".
Frente a estas acusaciones, la postura del gobierno de Estados Unidos se ha mantenido en el marco de la seguridad nacional sin entrar en detalles específicos sobre el caso. El Departamento de Estado informó que, bajo la administración Trump, se han revocado más de 175,000 visas a nivel global a personas consideradas una amenaza o involucradas en actividades delictivas y corrupción, reiterando que la concesión de entrada al país es un privilegio que puede ser cancelado en cualquier momento si se comprometen los intereses nacionales. Portavoces estadounidenses han subrayado que los expedientes de visado son confidenciales por ley, por lo que no han presentado evidencias públicas sobre los motivos específicos de la revocación a López Beltrán, aunque funcionarios han mencionado extraoficialmente que la medida se alinea con una ofensiva más amplia contra funcionarios señalados por presuntos vínculos con redes de corrupción y crimen organizado.
La reacción del gobierno mexicano no se hizo esperar y puso a la presidenta Claudia Sheinbaum en el centro de la controversia diplomática. Durante su conferencia de prensa del 14 de agosto, Sheinbaum cerró filas con López Beltrán, defendiendo que en México no existe ninguna carpeta de investigación abierta en su contra y advirtiendo que su administración no iniciará procesos legales basándose únicamente en decisiones migratorias extranjeras. La mandataria calificó la revocación como una medida con un claro "sentido político" y una forma de injerencia en la vida interna de México, argumentando que si la decisión respondiera estrictamente a motivos de delincuencia, se aplicaría de manera uniforme a ciudadanos de todos los países y no de forma selectiva a miembros de un partido político específico. Sheinbaum exigió al gobierno de Trump que, de contar con acusaciones concretas, presente pruebas contundentes para que sean atendidas por las autoridades mexicanas conforme a la ley, pero dejó claro que no aceptará imposiciones ni intentos de interferencia en la soberanía nacional, manteniendo un discurso que busca equilibrar la defensa de sus aliados políticos con la necesidad de preservar la relación bilateral en un contexto de alta sensibilidad.
Paralelamente, el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió un comunicado para minimizar el impacto de 836 bajas de trabajadores registradas durante 2026. La institución aclaró que se trata exclusivamente de empleos temporales y aseguró que mantiene su capacidad técnica, profesional y operativa intacta para organizar el proceso electoral venidero.
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