El gobierno de Donald Trump impondrá este viernes aranceles de alrededor del 10 por ciento a bienes provenientes de más de 80 países, en su más reciente esfuerzo por blindar una agresiva política proteccionista que ha sido impugnada repetidamente en los tribunales. Estas nuevas tasas, que oscilarán entre el 10 y el 12.5 por ciento, entrarán en vigor a las 12:01 a. m., reemplazando exactamente en ese minuto un arancel global provisional del 10 por ciento que estaba programado para expirar. Esta maniobra proporciona nueva evidencia de la intención del mandatario de transformar el comercio mundial, a pesar de las quejas de consumidores y empresas estadounidenses que terminan asumiendo los costos.
Para ejecutar esta medida, la administración recurrirá a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, la cual permite al presidente sancionar a naciones extranjeras que incurran en prácticas comerciales irrazonables. El argumento oficial es que estos países no han aprobado ni aplicado leyes que prohíban la importación de bienes elaborados con trabajo forzado, lo que supuestamente pone en desventaja a las empresas estadounidenses. Sin embargo, aliados como Canadá y la Unión Europea quedarán sujetos a este impuesto del 10 por ciento a pesar de que ya cuentan con prohibiciones estrictas al respecto, lo que ha levantado fuertes sospechas sobre las verdaderas intenciones de la Casa Blanca.
En medio de esta ola impositiva, hay un respiro fundamental para la región: los nuevos aranceles eximirán al petróleo, el gas y los bienes que ya están cubiertos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Esta exclusión es vital para México, ya que protege la mayor parte de sus exportaciones hacia territorio estadounidense, al igual que los productos ya castigados por aranceles de seguridad nacional, como el acero y los automóviles. A pesar de esto, el gobierno de Trump ya había presionado previamente a México y Canadá para endurecer sus propias reglas sobre trabajo forzado, demostrando que ningún socio comercial está completamente fuera del radar.
Las críticas no se han hecho esperar, señalando que Estados Unidos también tiene severas deficiencias en sus protecciones laborales, permitiendo, por ejemplo, el trabajo penitenciario bajo condiciones coercitivas. Especialistas como Peter Harrell, exfuncionario de la administración Biden, afirman que el gobierno simplemente se ha aprovechado del tema del trabajo forzado como un pretexto conveniente para reinstaurar los aranceles que la Corte Suprema le había anulado en febrero. Según Harrell, la mínima diferencia arancelaria entre aliados europeos y rivales como China deja en claro que no se trata de proteger derechos humanos, sino de imponer las preferencias económicas personales de Trump.
Esta visión fue respaldada en el Congreso por el senador demócrata Ron Wyden, quien acusó al Ejecutivo de intentar reconstruir sus aranceles globales ilegales bajo una falsa bandera moral. Todo este entramado legal surge porque Trump ha tenido que saltar de una ley a otra para mantener sus impuestos. Tras el fallo de la Corte Suprema que le ordenó devolver 160 mil millones de dólares por usar ilegalmente una ley de emergencia, el presidente usó la Sección 122 como parche temporal por 150 días, plazo que vence precisamente este viernes. Ante una inminente derrota judicial en ese frente, ahora se escuda en la Sección 301, una herramienta más probada pero que jamás se había utilizado de forma tan masiva contra decenas de países a la vez.
Lejos de retroceder ante los constantes choques con los tribunales, el gobierno parece dispuesto a forzar los límites de la Constitución, que originalmente otorga el poder comercial al Congreso. Apenas esta semana, Trump desempolvó una ley de 1930 para imponer un arancel del 50 por ciento a Canadá, dejando claro que su ofensiva no tiene frenos. Como lo resumió el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ante los legisladores: las facultades legales específicas podrán cambiar según las circunstancias, pero la estrategia comercial es inamovible y el compromiso con los aranceles para reindustrializar su economía sigue intacto.
